Imágenes de personas buscando empleo se multiplican, como la de esta persona en 2009 en una oficina laboral en Glendale. Aurelia Ventura/La Opinión
WASHINGTON, D.C.— Gonzalo no trabaja hace más de un año, a pesar de tener diversos títulos universitarios. La preocupación por encontrar un empleo no se detiene ni un solo momento. Una realidad a la que ahora se suma otra: que sus potenciales empleadores no lo contraten, porque no ha trabajado en mucho tiempo.
Este hombre de 33 años prefiere mantener su identidad en secreto. Hace ya 14 meses que se encuentra sin empleo, preparando los exámenes para validar su título de médico en Estados Unidos, la única manera de ejercer su profesión en el país.
"De verdad ha sido como prepararse para una maratón. Prácticamente he estudiado medicina de nuevo. Ha sido un esfuerzo humano y económico muy difícil para mí y para mi familia", cuenta.
"He pensado mucho cómo justificar estos meses sin trabajar o, simplemente, esconderlo de alguna manera en mis antecedentes", dice. Su miedo parece justificado, a la luz de variados reportes anecdóticos en diversos puntos del país, que han mostrado a empresas reclutando explícitamente a "personas que no hayan estado desempleadas por más de seis meses o un año".
Un problema que ayer pareció adoptar otra magnitud, cuando la Comisión sobre Oportunidades de Empleo Igualitarias (EEOC) enfrentó por primera vez el asunto, en una audiencia en Washington.
Ahí se discutió la frecuencia con que se usa esta práctica, y si esto pudiera violar las leyes federales contra discriminación en el trabajo.
Aunque no existen protecciones legales específicas para los desempleados como grupo, esta práctica sí podría ser cuestionada —incluso en tribunales— si se comprueba que afecta a grupos minoritarios, como hispanos y afroamericanos.
Actualmente, las leyes laborales del país dan protección contra el impacto desigual, es decir, cuando un empleador usa una política que es neutral en apariencia, excluyendo a grupos protegidos como mujeres y minorías. El título VII de la ley de derechos civiles de 1964 lo prohíbe.
"El potencial para el impacto desigual está ahí", dijo William Spriggs, subsecretario de política del Departamento del Trabajo. Al mismo tiempo especificó que las probabilidades de que un empleador considere a una persona de una minoría étnica "disminuyen a un tercio", si los postulantes desempleados están siendo excluidos.
Mientras la tasa de desempleo a nivel nacional bordea el 9%, en el caso de los hispanos le cifra llega a 11.9%. Para los afroamericanos la situación es aún más complicada, con cifras cercanas al 15.7%.
De acuerdo con el último reporte de Pew Charitable Trusts presentado en diciembre, cerca de 30% de los más de 14 millones de desempleados en el país han permanecido sin trabajo por más de un año.
Más aún, según datos de National Employment Law Project, 3.9 millones de estadounidenses en este segmento no están recibieron ningún tipo de ayuda, ya que han agotado por completo sus beneficios de desempleo, es decir que superaron el máximo de 99 semanas de cobertura.
Cuestionado por diversos comisionados, Spriggs aseguró que será difícil para el gobierno "medir el problema, porque la mayoría de las vacantes de trabajo no son publicadas". Pero especificó que el Departamento del Trabajo está al tanto de los diversos reportes asociados al tema.
Christine Owens, directora ejecutiva de National Employment Law Project, declaró sobre diversos casos de mujeres que se han contactado con su organización y que, explicó, han sido rechazadas para empleos, específicamente por haber estado sin trabajar por períodos de más de seis meses.
"Esto tiene un impacto particularmente importante para mujeres de 45 años, que han estado desempleadas", dijo Owens.
Aconsejó investigar a agencias de asesoramiento de empleo, que son las instituciones mediadoras con las empresas que buscan personal. "Es una práctica que se está acrecentando en este tipo de servicio", aseguró.
Otros testimonios, como el del abogado James Urban, de la firma Jones Day, indicaron que no se han identificado señales de que los empleadores estén incurriendo en este tipo de prácticas, ni que esto vaya en crecimiento. Un asunto frente al que EEOC deberá pronunciarse en un futuro cercano.
WASHINGTON, D.C.—
Gonzalo no trabaja hace más de un año, a pesar de tener diversos títulos universitarios. La preocupación por encontrar un empleo no se detiene ni un solo momento. Una realidad a la que ahora se suma otra: que sus potenciales empleadores no lo contraten, porque no ha trabajado en mucho tiempo.
Este hombre de 33 años prefiere mantener su identidad en secreto. Hace ya 14 meses que se encuentra sin empleo, preparando los exámenes para validar su título de médico en Estados Unidos, la única manera de ejercer su profesión en el país.
"De verdad ha sido como prepararse para una maratón. Prácticamente he estudiado medicina de nuevo. Ha sido un esfuerzo humano y económico muy difícil para mí y para mi familia", cuenta.
"He pensado mucho cómo justificar estos meses sin trabajar o, simplemente, esconderlo de alguna manera en mis antecedentes", dice. Su miedo parece justificado, a la luz de variados reportes anecdóticos en diversos puntos del país, que han mostrado a empresas reclutando explícitamente a "personas que no hayan estado desempleadas por más de seis meses o un año".
Un problema que ayer pareció adoptar otra magnitud, cuando la Comisión sobre Oportunidades de Empleo Igualitarias (
EEOC) enfrentó por primera vez el asunto, en una audiencia en
Washington.
Ahí se discutió la frecuencia con que se usa esta práctica, y si esto pudiera violar las leyes federales contra discriminación en el trabajo.
Aunque no existen protecciones legales específicas para los desempleados como grupo, esta práctica sí podría ser cuestionada —incluso en tribunales— si se comprueba que afecta a grupos minoritarios, como hispanos y afroamericanos.
Actualmente, las leyes laborales del país dan protección contra el impacto desigual, es decir, cuando un empleador usa una política que es neutral en apariencia, excluyendo a grupos protegidos como mujeres y minorías. El título VII de la ley de derechos civiles de 1964 lo prohíbe.
